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La CNC dice que la reforma energética no soluciona la falta de competencia en el mercado de la luz

Solicita una nueva regulación que tenga en cuenta la sostenibilidad económica y financiero del sistema energético, así como la garantía de la competencia efectiva entre los operadores del sector



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La Comisión Nacional de Competencia (CNC) considera que los niveles de competencia en el mercado mayorista de la electricidad son “claramente insuficientes” y que la reforma energética aprobada por el Gobierno “no introduce ninguna propuesta de medida para solucionarlo”.
En el informe que este organismo ha realizado sobre el Anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico, la CNC solicita que esta nueva regulación incluya dentro de los objetivos “no sólo la sostenibilidad económica y financiera del sistema energético, sino también la necesidad de garantizar una competencia efectiva entre los operadores del sector”.
Además, Competencia considera “imprescindible” que el régimen que finalmente se arbitre para el autoconsumo “no resulte arbitrario ni desproporcionadamente restrictivo”. “Este sistema puede ser una fuente importante de presión competitiva en el sistema y para el resto de suministros convencionales”, apunta el organismo en su informe sobre el anteproyecto de ley.
La CNC dice que la reforma energética no soluciona la falta de competencia en el mercado de la luz
Respecto del apoyo al carbón autóctono, la CNC propone la eliminación de este mecanismo. En este sentido, reitera que esta medida “ha demostrado producir alzas en el precio de la electricidad y no es compatible con un mercado en librecompetencia, al margen de su posible incompatibilidad con el régimen de ayudas públicas de la UE“.
Por contra, Competencia propone introducir mecanismos concretos que refuercen la separación de actividades de generación, distribución y comercialización de laelectricidad para incentivar la competencia entre operadores en el sector. Además, plantea la necesidad de recoger de manera unificada todo el catálogo de derechos que les asisten, especialmente los que se refieren al cambio de suministrador.

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El Código Técnico de la Edificación limitará el uso de energías convencionales

  • Paso importante hacia los edificios de consumo de energía casi nulo
  • ‘Su impacto real sobre el mercado puede retrasarse algunos meses’
  • ‘El problema aquí será el de garantizar que esta exigencia se cumpla’
Marzo de 2014 marcará un punto de inflexión en la construcción y rehabilitación energética de edificios. O al menos es lo que persigue la nueva redacción del Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación (CTE). Un documento que llega con retraso, pues la versión anterior del CTE data de 2006 y debería, por imperativo europeo, haberse revisado a los cinco años -intención que anunció la ex ministra de Vivienda Beatriz Corredor-, pero que, según Alberto Coloma, gerente de la Fundación La Casa que Ahorra, supone un paso importante para avanzar en el camino hacia los edificios de energía casi nula que se deberán construir a partir de 2020 (2018 en el caso de edificios públicos).
Desde el punto de vista procedimental y de aplicación, la orden ministerial de Fomento publicada en septiembre establece un periodo de carencia de seis meses (10 de marzo de 2014) a partir de los cuales el nuevo Código se aplicará a cualquier proyecto que solicite licencia de obra. “En el año 2006 un plazo de transición también de seis meses provocó que muchos proyectistas corrieran literalmente a visar proyectos en sus Colegios para evitar someterlos a la nueva norma”, recuerda Coloma. La consecuencia no se hizo esperar: “Se creó una gran bolsa de proyectos que fueron construyéndose al ritmo lento que conocemos en los años sucesivos, con lo que a día de hoy es comúnmente admitido que hay muy pocos edificios en España construidos según el CTE de 2006”.
En la coyuntura actual, sin embargo, parece más difícil que se cree esta bolsa de proyectos, “por lo que se prevé que su impacto real sobre el mercado puede retrasarse algunos meses, pero no varios años como ocurrió con el anterior Código”, añade Coloma.
Sigue sin establecerse la definición oficial de los edificios de consumo casi nulo de cara a cumplir los objetivos ’20-20-20′
No obstante, y pese a que el Gobierno ha optado claramente en este nuevo CTE por la reducción de la demanda de energía mediante un incremento de las medidas pasivas y en especial el aumento del aislamiento de las envolventes (fachadas y cubiertas) de los edificios, sigue sin establecerse la definición oficial de los edificios de consumo casi nulo de cara a cumplir los objetivos ’20-20-20′ que busca reducir el consumo de energía primaria en un 20%.
Sí fija en cambio y, por primera vez, unos requisitos para el comportamiento energético de los edificios que con una superficie útil superior a 1.000 metros cuadrados se sometan a modificaciones, reformas o rehabilitaciones y en donde se renueven más del 25% del total de sus cerramientos. “Podríamos decir que el nuevo Código exige que las rehabilitaciones que se hagan sobre edificios existentes (que están construidos en su mayoría bajo las exigencias de las normas básicas de edificación 1979 o son incluso anteriores a éstas) los lleven a un comportamiento energético al menos igual al de los edificios del CTE de 2006”, aclara Coloma. “El problema aquí será el de garantizar que esta exigencia se cumpla; serán los técnicos municipales quienes deberán denegar una licencia de obra de rehabilitación cuando su proyecto no incorpore estas mejoras en aislamiento”, advierte asimismo el experto.
Para los casos de rehabilitación energética, simplemente, se han visto elevadas las especificaciones que hay que cumplir en cuanto a aislamiento y eficiencia de las instalaciones. “Por ejemplo, una intervención general en fachada y cubierta tendrá que cumplir las especificaciones de limitación de demanda y consumo, lo que llevará a incorporar aislamiento; mientras que una intervención de renovación de instalaciones de calefacción o iluminación llevará a cumplir las especificaciones que se determinan similares a las de un edificio nuevo”, argumenta José Carlos Greciano, secretario general de la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (Anerr).
La aplicación del CTE y esta actualización, a la que le seguirán otras más adelante, sólo deberán cumplirse cuando se realicen obras o modificaciones en envolvente y/o instalaciones. No afectará, por lo tanto, a ningún edificio que no ponga en marcha un proceso de rehabilitación o intervención en el mismo.
La aplicación del CTE y esta actualización deberán cumplirse al hacer modificaciones en envolvente y/o instalaciones
Y en línea con el resto de normativa eléctrica que se está desarrollando, la revisión del Documento Básico de Ahorro de Energía se olvida de determinar la exigencia de contribución mínima de energía fotovoltaica en los edificios residenciales. La Unión Española Fotovoltaica (Unef) se queja de que este Documento no introduce los cambios pedidos por el sector en múltiples ocasiones, entre los que se encuentra que su ámbito de aplicación se extienda, entre otras edificaciones, a urbanizaciones privadas. “Con esta nueva versión se ha perdido una excelente oportunidad de haber introducido una modificación en profundidad, y se ha optado por realizar un ejercicio continuista que incluso llega a recortar el avance que la energía solar fotovoltaica debería haber tenido con esta modificación”, lamentan en Unef.
Como novedad, esta actualización incorpora una sección dedicada a la limitación del consumo energético que no proceda de fuentes renovables. De esta manera, a partir de marzo de 2014 se limitará también el uso de energías convencionales que pueden utilizarse en un edificio nuevo o que se rehabilite integralmente.


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Pagar el certificado energético no basta para librarse de las multas de la Administración

Madrid, País Vasco y Valencia estudian sancionar a los dueños que obtengan una calificación errónea o contraten a técnicos no acreditados.


¡Cuidado!, propietarios de viviendas en alquiler. Pasar el certificado de eficiencia energética a sus casas no es suficiente para librarse de las multas de la Administración. Hay algunas regiones, como la Comunidad de Madrid, País Vasco o la Comunidad Valenciana, que están estudiandosancionar a los dueños que obtengan una calificación energética errónea o contraten a técnicos no acreditados para examinar sus casas.
Según informa Idealista, estas CCAA se han planteado inspeccionar todas las certificaciones energéticas con una calificación energética de “a” o “b” para ver si son correctas. La sanción que acarrearía el propietario de la vivienda, no la empresa que otorga la nota, estaría comprendida entre los 1.001 y los 6.000 euros. Para más inri, esta cuantía es superior a la sanción que tendrían que abonar los dueños de viviendas sin certificados (hasta 1.001 euros).
Así, después de pagar unos 200 euros por el certificado y de presentar todos los documentos en la administración correspondiente, al propietario se le presentan otras dos nuevas obligaciones: verificar que la nota de su vivienda es la correcta y que el técnico que firma los certificados tiene competencia para hacerlo. Cumplir con esta nueva tarea será complicado para la mayoría de propietarios que no están familiarizados con la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. Sorprendentemente, las empresas de calificación energética, que sí conocen la normativa, no tendrán responsabilidades si comenten una acción fraudulenta.
La secretaria de la junta de gobierno del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), Pilar Pereda, ha asegurado al portal inmobiliario que lo que debe perseguir la Administración es la mala praxis de la empresa y no sancionar al propietario. Pereda añade que “en la expedición del certificado sólo puede actuar el técnico o empresa por lo que la responsabilidad será únicamente suya“.
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La nueva ley de Certificación de Eficiencia Energética confunde a propietarios e inquilinos

¿Quién es el responsable de pedirlo, quién lo paga o quién concede este certificado? son las principales dudas de propietarios, pero también de inquilinos, que no terminan de ver claro si al final ellos correrán con los gastos de esta nueva certificación.

El Observatorio Legálitas ha constatado como en los últimos meses crece el interés creado por la nueva Ley de Certificación de Eficiencia Energética que entró en vigor el pasado 1 de Junio.
Las consultas por este tema han aumentado en un 40%. El desconocimiento y búsqueda de información son una de las cuestiones más requeridas.
Según María Carretero, abogada de Legálitas: “Desde que la Ley entró en vigor cerca de 100.000 inmuebles han obtenido este certificado obligatorio para vender o alquilar cualquier inmueble en nuestro país. Este certificado tiene una validez de 10 años y cuesta aproximadamente 200 euros para un inmueble tipo de 90 metros cuadrados, pero los precios pueden variar según el mercado”.
El desconocimiento, las dudas y la falta de información son algunas de las inquietudes en las llamadas recibidas.
“¿Es imprescindible este certificado? es la preocupación general de los clientes”, afirma Carretero. Así como: “¿En qué casos se requiere la certificación?, ¿Donde se solicita? y ¿Quien la realiza?”
Este Certificado de Eficiencia Energética se exige sólo para la venta y alquiler de viviendas y locales, es imprescindible y las sanciones pueden ir desde los 300 a 6000 euros.
Consiste en un informe sobre el consumo de energía que proporciona una descripción objetiva de las características energéticas del inmueble. Es el propietario de la vivienda o local el encargado de solicitarlo y la evaluación sólo podrá ser realizada por técnicos especializados, arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos.

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Las lámparas se apuntan a la certificación energética

Cuando ya nos habíamos acostumbrado a fijarnos en las pegatinas de eficiencia energética de neveras, lavadoras y otros electrodomésticos, desde el 1 de septiembre tenemos que prestar atención a las que luzcan en lámparas y luminarias.
Aunque pudiera parecerlo no se trata de una moda. La incorporación del etiquetado energético en lámparas eléctricas y luminarias entró en vigor el 1 de septiembre de 2013 en cumplimiento del Reglamento 874/2012 de la Unión Europea. Esta normativa persigue tener al consumidor perfectamente informado de la eficiencia y rendimiento de “los productos relacionados con la energía que tengan un gran potencial de ahorro energético y que presenten una amplia disparidad en los niveles de rendimiento con funcionalidad equivalente” según recoge la Directiva.

La etiqueta debe ser visible en la parte exterior del embalaje que va destinado al consumidor final, es decir, el ciudadano de a pie que se acerca a un punto de venta cualquiera. Además debe indicar la compatibilidad entre las luminarias y las distintas clases energéticas de bombillas: A++, A+, A, B, C, D o E. Esta clasificación se mostrará desde la ya clásica escala semáforo, del verde al rojo pasando por el ámbar. En la base del distintivo figurará el consumo ponderado y redondeado en Kw por 1000 horas.
Tanto fabricantes como distribuidores tienen que hacer el esfuerzo de adaptarse a esta normativa dado que la misma información que se incluye en la etiqueta energética deberá figurar en todas las ofertas comerciales o presupuestos que vayan destinados al consumidor.
Esta medida permitirá que el comprador tenga una información más completa y precisa y pueda elegir el tipo de lámparas que mejor le convengan a efectos de rendimiento, eficiencia energética y compatibilidad entre luminarias y bombillas.
La energía que se consume a través de las lámparas eléctricas supone un gasto muy significativo y gracias a esta medida se espera reducir la demanda energética contribuyendo así a un menor consumo. Una iniciativa que beneficia a todos, incluido el bolsillo del sacrificado consumidor.

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Certificación energética de edificios ¿oportunidad u oportunismo?

Actualmente, de los 26 millones de viviendas que tenemos en España, 15 millones tienen más de 30 años y casi 6 millones tienen más de 50 años. De hecho, se calcula que hay unos 2.000.000 de viviendas en mal estado de conservación. Además, el 60% de las viviendas españolas se construyeron sin ninguna normativa de eficiencia energética.
En general, las viviendas en España consumen el 17% de toda la energía del país y las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por los edificios han crecido más de un 20% desde 1990. Para solventar este problema, España debería rehabilitar una media de 400.000 viviendas al año hasta cumplir con los objetivos marcados por la Unión Europea en cuanto a reducciones de emisiones y ahorro de energía. Además, esto crearía unos 150.000 empleos.
El pasado 1 de Junio entraba en vigor el Real Decreto sobre la certificación energética de edificios y que debería en sí mismo contribuir a la mejora de la eficiencia energética tanto activa como pasiva de nuestros edificios. Se entiende por eficiencia activa como la mejora de las instalaciones del edificio con el uso de las diferentes energías alternativas o combinadas con las energías tradicionales y también con sistemas de nueva generación que mejoran el rendimiento y minimizan el consumo. Por su parte, la eficiencia pasiva es la que se refiere a las condiciones y características arquitectónicas del edificio en el cual se introducen las energías para obtener el grado de confort.
La eficiencia pasiva está garantizada con el uso del CTE (Código Técnico de la Edificación) en las viviendas de nueva construcción, mientras que en las existentes resulta necesario encontrar el equilibrio entre la eficiencia activa y la pasiva, aspecto fundamental para llegar a consumos energéticos razonables.
Algunas voces han manifestado que esta certificación podría ser una excusa para recaudar dinero, sobre todo, del ciudadano de a pie. Sin embargo, está claro que los beneficios son varios: se va a ahorrar energía, se va a ahorrar en coste de factura y, además, se van a crear empleos. Se podría decir que va a ser una inversión económica de los agentes implicados en este asunto y que va a beneficiar a la sociedad en general.
Asimismo, la certificación de la eficiencia energética de los edificios es un distintivo reconocible y objetivo sobre las características de eficiencia energética de un edificio. Esto se materializa en forma de un certificado o etiqueta que permite valorar y comparar sus prestaciones a los compradores, arrendatarios y otros usuarios.
En mi opinión la Rehabilitación Energética de Edificios es el eje sobre el que se debe reformular el sector de la edificación, que cuenta en España con 26 millones de viviendas, la mayor parte de ellas con un nivel de eficiencia energética muy bajo, y una de las herramientas que permitirá bajar el elevado índice de intensidad energética de nuestro país.
Eso sí, la eficiencia energética se debe aplicar desde el inicio del proceso y teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del producto, edificio o servicio. Por tanto, la eficiencia energética es un compromiso de todos.
Con un simple gesto como regular una fuente de luz, colocar detectores de movimientos para que solo nos ilumine la zona cuando pasamos por un pasillo o gestionar de forma optimizada y eficiente un edificio son algunas formas de aplicar nuestro compromiso.
Acerca de la Eficiencia Energética seguro que muchos de ustedes han escuchado, leído y hablado bastante en estos últimos años, pero como dijo el poeta y dramaturgo Johan Wolfgang: ‘No basta saber, hay que aplicar; no basta querer, hay que hacer’.
Antxon López, marketing manager & business development de ABB

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Tengo mi certificado energético… ¿y ahora qué?

    Ya han pasado más tres meses de la entrada en vigor de la obligatoriedad del Certificado Energético de Viviendas y es momento de pararnos y analizar cómo ha calado en el sector y entre usuarios.Viviendas energéticamente ineficientes, inquilinos que no toman en cuenta la etiqueta del inmueble para alquilar o graves problemas en el registro de los certificados, son los principales problemas que nos encontramos.
Tras obtener el certificado energético, su registro presenta numerosas trabas burocráticas.
Tras obtener el certificado energético, su registro presenta numerosas trabas burocráticas.

La odisea del registro del certificado energético

Una vez se obtiene el certificado energético de un inmueble, es momento de registrarlo. El método de inscripción varía según la Comunidad Autónoma en la que se encuentre la vivienda, en función de la población en la que estemos, puede ser inscrito por el propio propietario, o por el técnico que lo expidió.
Pese a que la mayoría de organismos institucionales han creado registros telemáticos, estos tienen cientos de complicaciones que dificultan la labor de los usuarios, ya sean técnicos o propietarios.  Algunas de ellas son:
  • Necesidad de tener firma electrónica o DNI electrónico para poder hacer la tramitación.
  • Archivos y hojas de inscripción con datos y vocabulario técnicos nada triviales para el usuario.
  • Escasa información institucional al consumidor.
  • Diferentes problemas según el sistema operativo y las actualizaciones de software, Java… que se utilice.
  • En el caso de tener que presentarlo presencialmente, trámites burocráticos extensos e incluso te reclaman presentar un escrito argumentando por qué no se ha inscrito vía telemática.
  • Algunas comunidades exigen que si no es el técnico el que inscribe la certificación en el registro, el usuario disponga de los datos y archivo CEX propios del profesional que lo ha realizado.

La realidad de la etiqueta energética

Lo cierto es que según los últimos datos que ha presentado Alquiler Segurola mayoría de las viviendas en España son poco eficientes. Un  54,85%  de las analizadas, poseen una etiqueta “E” seguidas por la calificación “D”  con un 29,45%.  Las calificaciones más difíciles de obtener para los inmuebles son la “A” y “B” con un 0,49% y 0,16% correspondientemente.
Se tarda alrededor de 7 días en obtener el certificado e inscribirlo y la media de emisiones de CO2, en ciudades como Madrid,  con inmuebles calificados con una etiqueta “E” es de  29,23 kWh/M2, Barcelona 30,01 kWh/M2, Valencia 20,52 kWh/M2 y Sevilla 33,12 kWh/M2.

La opinión de los usuarios

¿Y qué opinan propietarios e inquilinos? Para la mayoría de los arrendadores el Certificado Energético es un  coste añadido con afán recaudatorio, pero lo aceptan, al tratarse de una imposición de Europa. Lo que no se plantean es llevar a cabo las mejoras que se sugieren para mejorar  la calificación energética, pues en muchos casos supone hacer modificaciones estructurales de la vivienda y por tanto, un alto coste.
Por su parte, los inquilinos prefieren ignorar la etiqueta energética de la vivienda y darle más importancia a  la situación del inmueble, el estado y sobre todo, el precio del alquiler.
Apenas han pasado unos meses desde la obligatoriedad del Certificado Energético, esperemos que las instituciones tomen nota y acaben con las trabas que nos encontramos a diario profesionales, propietarios e inquilinos.
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