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Madrid. Se aproxima el periodo de calefacción en los hogares españoles, y nuevamente la realidad socioeconómica motivará la aparición de un problema que crece con fuerza: la pobreza energética. Se trata de una situación que sufren miles de familias incapaces de pagar una cantidad de la energía suficiente para mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses más fríos o que, aun pudiendo, destinan más del 10% de los ingresos anuales para solventar este problema.

Una nueva directiva, aprobada por el parlamento europeo el 11 de septiembre de 2012, obligará a todas las comunidades de propietarios con calefacción central a instalar contadores de consumo individuales antes del 31 de diciembre de 2016. Con ello se persigue incrementar el ahorro energético y aliviar el gasto económico que en esta partida sufren las familias. Una norma que será transpuesta al ordenamiento jurídico español en los próximos 18 meses.

José Luis López, coordinador de Proyectos de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), con una amplia experiencia en la coordinación de grupos de trabajo y programas de gestión en diferentes ámbitos (seguridad vial, vivienda, urbanismo, medio ambiente), nos cuenta los efectos que esta nueva directiva tendrá en los hogares españoles. Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá, además de coordinar el área de Energía y Cambio Climático de la ACA, dirige el proyecto REPEX ‘Rehabilitación energética de edificios, una oportunidad de empleo verde en Extremadura, una solución a la pobreza energética’, a partir del cual se ha desarrollado este año el estudio ‘Pobreza Energética en España. Potencial de generación de empleo derivado de la rehabilitación energética de viviendas’.


¿En qué medida esta nueva directiva ayudará a erradicar la pobreza energética?


La pobreza energética, que se produce cuando una familia no es capaz o está dedicando una parte excesiva de sus ingresos para dotarse de los servicios básicos de energía, como mantener una temperatura adecuada para la salud, depende fundamentalmente de tres factores: nivel de renta, precios de la energía y demanda energética, que depende, a su vez, de la calidad de la vivienda. Esta medida que propone la directiva no actúa en ninguna de ellas.

El establecimiento de medidas como los contadores de consumo individual o los repartidores de gasto tienen como objetivo incentivar un comportamiento individual de ahorro, que motive a los consumidores a tomar medidas de gestión (optimización del uso de la climatización en número de horas y días, regulación de temperaturas, buenas prácticas en el uso de cerramientos, etc.) o en la realización de inversiones (mejora de los cerramientos, incorporación de aislamientos, etc.) pero no generalmente del conjunto del edificio.


Si bien muchas comunidades de propietarios con sistemas centralizados generan un derroche de energía porque no tienen establecidos sistemas de regulación, inversiones inteligentes de ahorro colectivo y los gastos se reparten de forma equitativa, independientemente del comportamiento de cada vecino, la adopción de contadores de consumo individual no aborda por entero la problemática de la pobreza energética y puede, incluso, acentuarla en casos específicos.


¿Nos podría poner un ejemplo?

Por ejemplo, si un propietario de una vivienda en régimen de alquiler dentro de una comunidad de propietarios, ante un periodo de no ocupación de su vivienda (no encuentra inquilinos que la ocupen), corta la calefacción de la misma, en invierno, con el fin de no gastar energía, provocará que viviendas contiguas tengan que compensar con mayor energía la pérdida que se produce desde esas viviendas (más calientes) hacia la vivienda vacía (más fría), para mantener la misma temperatura que si esa vivienda fuera ocupada y realizara un gasto de energía similar. Este sobrecoste que tienen que asumir las viviendas contiguas provoca que, en casos de riesgo de pobreza energética, exista una mayor vulnerabilidad y al contrario de lo que se pudiera pensar, un proceso insolidario entre vecinos.

¿Estos sistemas son una solución por sí misma?

Sin duda estos sistemas suponen una herramienta a tener en cuenta y a utilizar, pero no genera una solución por sí misma. También hay que destacar que, gracias a la solidaridad de determinadas comunidades de propietarios, donde los pagos se reparten, se están evitando situaciones de pobreza energética de determinadas familias dentro de un inmueble.

De hecho el consumo individualizado provocará, en algunos casos, un incentivo excesivo de ahorro. Habrá familias que corran el peligro de reducir los consumos por debajo de lo que en términos de salud pública es aconsejable, dada su situación de renta y/o los costes crecientes de la energía. Esta situación, además, aumentará los costes sanitarios.

¿Qué otras medidas deberían adoptarse para fomentar el ahorro energético en calefacción?

Hasta que no comprendamos que la medida que hay que incentivar y apostar firmemente es la reducción de la demanda energética, actuando en la envolvente del edificio a través de las necesarias obras de rehabilitación, que reduzcan las pérdidas, permitiendo así obtener las temperaturas necesarias y saludables dentro de las viviendas con un menor gasto, no lograremos realmente actuar sobre la problemática de la pobreza energética.


Una vez tomadas estas medidas o en paralelo a ellas, es necesario tomar en consideración otras como aquellas referidas a la mejora de la eficiencia de las instalaciones, al mejor control y monitorización de las mismas, la adopción de buenas prácticas en el uso de los equipamientos,  y por supuesto, de forma paralela, la sensibilización de la ciudadanía para la adopción de esas buenas prácticas, entre otras.


Para implementar estas propuestas en los hogares, y especialmente en aquellas relacionadas con la pobreza energética será necesario dotar a estos hogares de ayudas, de fondos públicos, de distintos sistemas o mecanismos de financiación (se habla ya del uso de los fondos de carbono) o  de incentivos que permitan realizar las inversiones necesarias. En este caso, son los hogares en situación de pobreza energética los que deberían estar primados o priorizados en estos mecanismos o incentivos. De hecho la nueva directiva señala (artículo 7) que los Estados miembros podrán incluir requisitos con finalidad social en las obligaciones de ahorro que impongan; por ejemplo, la aplicación con carácter prioritario de un porcentaje de medidas de eficiencia energética a los hogares afectados por la pobreza energética o a las viviendas sociales.


La contabilización del consumo individual debe ser una herramienta más para conocimiento del comportamiento energético del edificio, puede utilizarse como estímulo, pero no supone una solución que resuelva el problema.

¿Qué esperan de la transposición de la directiva europea al ordenamiento jurídico español?


Según se realice la transposición de la Directiva en la regulación española, podrá tener efectos no deseados si no se acompaña de las cautelas necesarias que consideren la pobreza energética. Aquellos inmuebles que tienen sistemas centralizados y que gracias a ello obtienen ahorros por ser sistemas de mayor dimensión, deben ser inteligentes en la adopción de decisiones dentro de las comunidades para obtener una solución óptima que proteja el bien común y a la vez consigan ser eficientes y no generar desigualdades injustas que acrecienten las existentes. Ahí, actores claves como las comunidades de propietarios o los administradores de fincas, juegan un papel esencial.

El debate por tanto está abierto y es de gran interés para la ciudadanía, es por ello que debe utilizarse como motor de reflexión de lo que a nivel estatal conviene realizar y movilizar a la ciudadanía a la adopción de decisiones necesarias y adaptadas a cada caso. No existe una solución única que resuelva todos los problemas, debe estudiarse caso a caso. 


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