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CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA, UNA ETIQUETA QUE NOS VA A INTERESAR PORQUE PODEMOS AHORRAR

Según una encuesta de Fotocasa, la eficiencia energética es el factor menos importante para los españoles a la hora de elegir su vivienda.
 
La etiqueta de eficiencia debe figurar en toda oferta de venta o alquiler de un piso.
 
Los inquilinos o propietarios podrían beneficiarse de ahorros de hasta el 31%.
 
No parece que los españoles nos tomemos muy en serio la eficiencia energética. Al menos no es una cuestión decisiva para comprar o alquilar una casa. Por nuestro bolsillo y en beneficio general, tal vez las cosas cambien con la etiqueta energética de las viviendas, que será de obligado cumplimiento desde el 1 de junio.  
 
De lo poco que nos importa la eficiencia energética daba cuenta una reciente encuesta de Fotocasa. Este factor es lo menos importante para los encuestados a la hora de elegir su vivienda y lo sitúan en sexto lugar. Aún así, los encuestados valoran el hecho de que la vivienda cuente con un buen aislamiento contra el frío y el ruido.
 
La importancia que le damos a la certificación energética tal vez cambie con la nueva etiquetaPero nos importe o no el factor de eficiencia energética, medido con su etiqueta, está aquí y ha llegado para quedarse. La etiqueta energética es un certificado por el que se verifican las características energéticas, obteniendo así una calificación energética.
 
Desde ya, y de modo obligatorio desde junio, es exigible a los edificios de nueva construcción. Como explican desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, la etiqueta de eficiencia energética debe figurar en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o alquiler de la vivienda o local. Las inmobiliarias deberán exhibir la etiqueta energética en sus anuncios.
 
Como una lavadora, de la A a la G
 
El certificado permitirá determinar la calidad de la vivienda desde un punto de vista de ahorro energético. La etiqueta energética clasifica los edificios desde la A (Favorable) a G (Desfavorable). Un buen certificado permitirá detectar donde se producen los gastos innecesarios en instalaciones debidos a malas condiciones de la vivienda o instalaciones, permitiendo al propietario aumentar la calidad de la vivienda que desea vender o alquilar. Los inquilinos o nuevos propietarios podrían beneficiarse de ahorros de hasta el 31%.
 
La etiqueta será obligatoria desde el 1 de junio y tendrá una validez de 10 añosCada empresa o profesional puede ofrecer libremente tarifas para certificar viviendas. El precio dependerá de lo que le ofrezca el profesional que realiza el estudio. Según los Ingenieros Industriales, si se quiere obtener una buena estimación del gasto anual en energía así como el estudio de la inversión que sería necesaria para conseguir ahorro energético y por tanto económico, el coste del certificar una vivienda estará en torno a los 250 euros. Aunque según otras estimaciones el certificado podría costar entre 90 u 300 euros.
 
El certificado tiene una validez de 10 años, por lo que su repercusión anual es muy baja. Los potenciales ahorros a obtener superan con creces el coste del certificado. No tener el certificado puede suponer sanciones de hasta 600.000 euros, en función su gravedad. Puesto que la etiqueta energética debe incorporarse a toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o alquiler, se podría sancionar a propietarios o a inmobiliarias.
 
Finalmente, conviene saber que el Gobierno ha puesto en marcha una serie de ayudas para las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades o propietarios únicos de edificios de viviendas.
 
 
 
 
 
 
Málaga, Alameda, Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Algatocín, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almáchar, Almargen, Almogía, Álora, Alozaina, Alpandeire, Antequera, Añoreta, Árchez, Archidona, Ardales, Arenas, Arriate, Arroyo de la Miel, Atajate, Axarquia, Benadalid, Benahavís, Benalauría, Benalmádena, Benamargosa, Benamocarra, Benaoján, Benarrabá, Borge (El), Burgo (El), Campillos, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cañete la Real, Carratraca, Cartajima, Cártama, Casabermeja, Casarabonela, Casares, Chilches, Chilches Costa, Coín, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cortes de la Frontera, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Cuevas del Becerro, Cútar, Estepona, Faraján, Frigiliana, Fuengirola, Fuente de Piedra, Gaucín, Genalguacil, Guaro, Humilladero, Igualeja, Istán, Iznate, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Macharaviaya, Málaga, Manilva, Marbella, Mijas, Moclinejo, Mollina, Monda, Montejaque, Nerja, Ojén, Parauta, Periana, Pizarra, Puerto de la Torre, Pujerra, Rincón de la Victoria, Riogordo, Ronda, Salares, San Pedro de Alcántara, Sayalonga, Sedella, Sierra de Yeguas, Teba, Tolox, Torre del Mar, Torremolinos, Torrox, Totalán, Valle de Abdalajís, Vélez-Málaga, Villanueva de Algaidas, Villanueva de la Concepción, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco, Viñuela, Yunquera
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LA SAREB SE GASTARÁ MILLONES EN LA ETIQUETA ENERGÉTICA DE SUS MÁS DE 76.000 CASAS EN VENTA

El Banco Malo cumplirá “escrupulosamente” la nueva normativa que, según ha anunciado el Gobierno, entrará en vigor en junio. A las viviendas en venta se suman otras 6.200 en alquiler y los desarrollos que acometerá en el futuro.

 
 
 
Es una de las derivadas de la etiqueta energética que a partir de junio deberán expedir los propietarios de los pisos que se vendan o alquilen en España, según ha anunciado el Gobierno. La medida, una imposición de Bruselas que el Ejecutivo ha aceptado a regañadientes tras muchos aplazamientos, va a tener repercusiones para la propietaria de una de las mayores carteras de vivienda de España, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

El denominado banco malo, del que el Estado (a través del FROB) tiene un 45% (el resto corresponde a inversores privados) está analizando el impacto de la futura legislación, pero tiene claro que cumplirá “escrupulosamente” la normativa.

Ese respeto a la legalidad vigente va a obligar a la entidad que preside Belén Romana a realizar un importante desembolso, de unos cuantos millones de euros, para etiquetar sus pisos con el futuro distintivo, que irá de la “A” a la “G”, en función de la eficiencia energética del inmueble y que, según las estimaciones que maneja el Gobierno, costará entre 90 y 250 euros.

Cuánto le costará a la Sareb etiquetar sus viviendas con el nuevo certificado es todavía una incógnita porque el mercado, aún inicipiente, es el que debe fijar las futuras tarifas. Hay estimaciones de todo tipo (las del sector privado prevén costes muy superiores a los que maneja la Administración) y hay que tener en cuenta tanto la heterogeneidad del parque de viviendas de la Sareb (a mayor tamaño de las viviendas, mayor coste), como el mayor poder de negociación del banco malo.

Previsiblemente, lanzará concursos públicos, lo que abre negocio para uno de los pocos sectores emergentes.

Lo previsible es que la certificación energética de sus viviendas se adjudique mediante uno o varios concursos públicos, lo que abre un interesante nicho de negocio en un área en la que el sector inmobiliario ha depositado muchas esperanzas tras el estallido de la burbuja del ladrillo.

Por otro lado, es posible que una parte (previsiblemente, pequeña) de la cartera de viviendas del banco malo ya cuente con la etiqueta, que en teoría ya era obligatoria en España desde 2007, pero sólo para algunas comunidades autónomas.

Según datos provisionales, la cartera de casas terminadas de la Sareb asciende a 76.075 viviendas. La mayoría son usadas (procedentes de ejecuciones hipotecarias) y las nuevas se ubican, sobre todo, en zonas costeras. El banco malo tiene además otras 6.200 viviendas en régimen de alquiler, que no necesitarían la etiqueta mientras permanezcan sus actuales inquilinos.

De sus más de 106.000 activos inmobiliarios, casi 14.000 son suelos, de los que una parte se venderá y el resto se desarrollará en los próximos años. Las cifras son provisionales y pueden sufrir un ajuste (al alza o a la baja) en función de lo que determine ell proceso de auditoría (due diligence) de sus activos que actualmente elabora un consorcio integrado por 13 compañías.

El plan de negocio de la Sareb contempla inversiones de 341 millones de euros en gestión y desarrollo de viviendas, de 287 millones en mantenimiento y de 133 millones en mantenimiento.

 
 
 
Málaga, Alameda, Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Algatocín, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almáchar, Almargen, Almogía, Álora, Alozaina, Alpandeire, Antequera, Añoreta, Árchez, Archidona, Ardales, Arenas, Arriate, Arroyo de la Miel, Atajate, Axarquia, Benadalid, Benahavís, Benalauría, Benalmádena, Benamargosa, Benamocarra, Benaoján, Benarrabá, Borge (El), Burgo (El), Campillos, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cañete la Real, Carratraca, Cartajima, Cártama, Casabermeja, Casarabonela, Casares, Chilches, Chilches Costa, Coín, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cortes de la Frontera, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Cuevas del Becerro, Cútar, Estepona, Faraján, Frigiliana, Fuengirola, Fuente de Piedra, Gaucín, Genalguacil, Guaro, Humilladero, Igualeja, Istán, Iznate, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Macharaviaya, Málaga, Manilva, Marbella, Mijas, Moclinejo, Mollina, Monda, Montejaque, Nerja, Ojén, Parauta, Periana, Pizarra, Puerto de la Torre, Pujerra, Rincón de la Victoria, Riogordo, Ronda, Salares, San Pedro de Alcántara, Sayalonga, Sedella, Sierra de Yeguas, Teba, Tolox, Torre del Mar, Torremolinos, Torrox, Totalán, Valle de Abdalajís, Vélez-Málaga, Villanueva de Algaidas, Villanueva de la Concepción, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco, Viñuela, Yunquera.

 

EL CERTIFICADO QUE VINO DEL FRÍO

 

El pasado viernes 5 de abril el gobierno aprobó el RD de Certificación Energética. La Certificación Energética en sí no es una novedad pues lo aprobado el viernes no es más que la ampliación de un decreto de 2007. La novedad radica en su ámbito al extender su obligatoriedad a las edificaciones existentes y no sólo a las de nueva construcción como hasta ahora.
 
Ésta medida era esperada en el sector desde la aprobación del RD 47/2007 pues la Certificación Energética viene recogida en varias Directivas Europeas (2002/91/CE derogada por la 2010/31/UE)   y España ha sido un país lento en su transposición. Pero ahora estamos dentro de una crisis económica y cualquier desembolso extra supone un ataque a los contribuyentes. Por eso parece que el momento escogido no sea el apropiado pero al gobierno no le quedaba otra opción ya que España tiene una denuncia por no haber transpuesto la normativa en el plazo fijado. Debemos lamentar la lentitud de los gobiernos de la Nación en hacer sus deberes y no haber aprovechado otros contextos más favorables además de llevar 6 años perdidos en lo que respecta al fomento de la eficiencia. Pero la política energética en España es así. 
 
A partir del 1 de junio será obligatorio, pues en España siempre funcionamos de ésta manera, que para alquilar o vender un inmueble éste cuente con un certificado energético. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón para obligar al desembolso de una nueva cantidad de dinero en este tipo de transacciones? Los motivos que se esgrimen son muchos. El principal es la dinamización de un sector, el de la construcción, muy tocado por la crisis. Pero la certificación viene impuesta por Bruselas desde hace más de una década luego su razón primigenia no pudo ser ésta. 
 
Las viviendas y edificios son uno de los grandes consumidores de energía en Europa (40% según la UE) y la energía será uno de los problemas del S.XXI. Por eso se quiere reducir su consumo y para ello es necesario saber dónde y cómo se realiza. El parque de inmuebles antiguos, y por lo tanto ineficientes desde el punto de vista energético, es muy grande. La Certificación Energética supone una herramienta para conocer los más ineficientes y por ello los más caros para mantener. 
 
Estamos acostumbrados a términos como Auditoría Energética, Consumo Responsable, Eficiencia, Etiqueta Energética … La Certificación Energética intenta llevar a las viviendas, locales e inmuebles existentes éstos conceptos de una manera sencilla y eficaz a la vez que de bajo coste al no tener la profundidad de una Auditoría propiamente dicha. La utilidad de este certificado para los propietarios o el público en general viene por la información que sobre el estado de la propiedad indica el documento que emite el técnico.
 
Nos hemos familiarizado con las etiquetas de los electrodomésticos hasta el punto de que su eficiencia ha aumentado de manera espectacular en estos años (es decir el consumo ha disminuido) y ahora se han creado categorías nuevas (A+ y A++) para indicar los extra-eficientes. El consumidor los demanda porque sabe que merece la pena un coste algo superior.  Los mismo debería pasar con las casas. Pero eso supone que el comprador entienda el Certificado Energético que queda plasmado en una letra, la Calificación Energética. Y esa labor depende de la Administración que la impone y de los profesionales que participan en el mercado inmobiliario. 
 
Junto con éste RD el gobierno va a aprobar un plan de rehabilitación de viviendas para mejorar su eficiencia energética. Es lógico. La dinamización del sector no va a venir de la mano de un papel sino de que se entienda y valore el ahorro que supone una vivienda más eficiente. Así los compradores exigirán y los propietarios tomarán la decisión de invertir en mejorar su propiedad para hacerla más atractiva. 
 
Queda por ver cómo las administraciones autonómicas desarrollan su papel en el asunto pues de ellas dependerá el Registro y la supervisión de los certificados que se emitan. En la Región de Murcia lleva meses paralizado un borrador, con buen criterio ante la “inminencia permanente” de aprobación de la nueva norma, que regula estos aspectos. Esperemos que el gobierno regional haga su trabajo de manera rápida en lo que le corresponda.
 
Autor: Luis Jarava (Auditor Energético)
 
 
 
 
 
Málaga, Alameda, Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Algatocín, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almáchar, Almargen, Almogía, Álora, Alozaina, Alpandeire, Antequera, Añoreta, Árchez, Archidona, Ardales, Arenas, Arriate, Arroyo de la Miel, Atajate, Axarquia, Benadalid, Benahavís, Benalauría, Benalmádena, Benamargosa, Benamocarra, Benaoján, Benarrabá, Borge (El), Burgo (El), Campillos, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cañete la Real, Carratraca, Cartajima, Cártama, Casabermeja, Casarabonela, Casares, Chilches, Chilches Costa, Coín, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cortes de la Frontera, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Cuevas del Becerro, Cútar, Estepona, Faraján, Frigiliana, Fuengirola, Fuente de Piedra, Gaucín, Genalguacil, Guaro, Humilladero, Igualeja, Istán, Iznate, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Macharaviaya, Málaga, Manilva, Marbella, Mijas, Moclinejo, Mollina, Monda, Montejaque, Nerja, Ojén, Parauta, Periana, Pizarra, Puerto de la Torre, Pujerra, Rincón de la Victoria, Riogordo, Ronda, Salares, San Pedro de Alcántara, Sayalonga, Sedella, Sierra de Yeguas, Teba, Tolox, Torre del Mar, Torremolinos, Torrox, Totalán, Valle de Abdalajís, Vélez-Málaga, Villanueva de Algaidas, Villanueva de la Concepción, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco, Viñuela, Yunquera.

EL GOBIERNO OBLIGARÁ A TENER UN CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA VENDER O ALQUILAR UNA VIVIENDA

 
Dará ayudas para mejorar la eficiencia energética y renovar calderas

El Gobierno obligará a partir del próximo 1 de junio a poner a disposición de los compradores o arrendadores de edificios o de parte de los mismos, para alquileres con una duración superior a cuatro meses, un certificado de eficiencia energética.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, dentro de las medidas de apoyo a la vivienda y rehabilitación adoptadas, un Real Decreto para trasponer a la normativa española el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios.

Este certificado, además de la calificación energética del edificio, deberá incluir información objetiva sobre las características energéticas de los edificios, y, en el caso de edificios existentes, documento de recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética del edificio o de una parte de éste, de forma que se pueda valorar y comparar la eficiencia energética de los edificios.

Como herramienta para facilitar la obtención de estos certificados, por mandato del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de Fomento, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha elaborado los programas informáticos CE3 y CE3X, ambos publicados como documentos reconocidos a disposición de los técnicos certificadores.

Además, el IDAE se ha encargado de llevar a cabo un plan de formación para formar a los técnicos responsables de certificar energéticamente los edificios y de aquellos otros encargados de su control e inspección sobre las herramientas reconocidas CE3 y CE3X.

El IDAE también se encargará de informar a los vendedores, compradores y usuarios de viviendas y edificios en general sobre las nuevas obligaciones a las que tienen que hacer frente.

OBLIGACIONES PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Igualmente, y como actuación ejemplarizante de las Administraciones Públicas, el Real Decreto obliga a que todos los edificios o partes de los mismos, en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 500 metros cuadrados inicialmente que sean frecuentados habitualmente por el público, dispongan del certificado de eficiencia energética y exhiban su etiqueta de eficiencia energética.

Así, el complejo Cuzco que alberga a los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, Economía y Competitividad y parte de Hacienda y Administraciones Públicas, ya ha sido calificado mediante el programa informático de referencia obteniendo la calificación energética ‘C’.

100 MILLONES A MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.

Además, el Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto encaminado a mejorar la eficiencia energética y la utilización de las energías renovables en los edificios que permitirá, entre otras actuaciones, ayudas directas al cambio de calderas.

Con una dotación de cien millones de euros, este programa busca promover la realización de medidas de ahorro y eficiencia sobre la envolvente y las instalaciones térmicas de los edificios existentes de uso residencial, y la incorporación de energías renovables (biomasa y geotermia, principalmente).

Así, podrán ser beneficiarios de las ayudas o de la financiación de este programa las comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso vivienda, las comunidades de bienes de los propietarios de edificios de viviendas no divididas horizontalmente y las personas físicas propietarias de un edificio de viviendas unifamiliar.

Además, se considerarán actuaciones susceptibles de ayuda las actuaciones integrales en edificios de viviendas siempre que comprendan una o varias de las siguientes medidas que mejoren la calificación energética del edificio o viviendas afectadas.

Entre estas medidas, figuran la mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica de los edificios de viviendas existentes y de las instalaciones térmicas de los edificios de viviendas existentes.

Asimismo, se recoge la opción de la sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria de los edificios de viviendas existente y la sustitución de energía convencional por energía geotérmica en las instalaciones de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria de los edificios de viviendas existentes. La dotación económica del plan se repartirá equitativamente entre las cuatro tipologías de actuaciones anteriores.

 
 
 
 
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CERTIFICADO ENERGÉTICO PARA ALQUILAR O COMPRAR

Dentro de esta política de apoyo a la vivienda y rehabilitación, y dando cumplimiento a la normativa comunitaria, el Consejo de Ministros ha aprobado, además, el Real Decreto para trasponer a la normativa española el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios.
 
La norma establece que a partir de 1 de junio de 2013 será obligatorio poner a disposición de los compradores o arrendadores de edificios o de parte de los mismos, para alquileres con una duración superior a cuatro meses, un certificado de eficiencia energética. Este certificado, además de la calificación energética del edificio, deberá incluir información objetiva sobre las características energéticas de los edificios, y, en el caso de edificios existentes, documento de recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética del edificio o de una parte de este, de forma que se pueda valorar y comparar la eficiencia energética de los edificios, con el fin de favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía.
 
Programas informáticos del IDAE
 
Como herramienta para facilitar la obtención de dichos certificados, por mandato del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de Fomento, el IDAE ha elaborado los programas informáticos CE3 y CE3X, ambos publicados como Documentos Reconocidos a disposición de los técnicos certificadores.
 
Además, el IDAE se ha encargado de llevar a cabo un plan de formación para formar a los técnicos responsables de certificar energéticamente los edificios y de aquellos otros encargados de su control e inspección sobre las herramientas reconocidas CE3 y CE3X. Finalmente, IDAE se encargará de informar a los vendedores, compradores y usuarios de viviendas y edificios en general sobre las nuevas obligaciones a las que tienen que hacer frente.
 
Obligaciones para las Administraciones Públicas
 
Igualmente, y como actuación ejemplarizante de las Administraciones Públicas, el Real Decreto obliga a que todos los edificios o partes de los mismos, en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 500 m2 inicialmente que sean frecuentados habitualmente por el público, dispongan del certificado de eficiencia energética y exhiban su etiqueta de eficiencia energética.
 
Así, el complejo Cuzco que alberga a los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, Economía y Competitividad y parte de Hacienda y Administraciones Públicas, ya ha sido calificado mediante el programa informático de referencia obteniendo la calificación energética C.
 
 
 
 
Málaga, Alameda, Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Algatocín, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almáchar, Almargen, Almogía, Álora, Alozaina, Alpandeire, Antequera, Añoreta, Árchez, Archidona, Ardales, Arenas, Arriate, Arroyo de la Miel, Atajate, Axarquia, Benadalid, Benahavís, Benalauría, Benalmádena, Benamargosa, Benamocarra, Benaoján, Benarrabá, Borge (El), Burgo (El), Campillos, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cañete la Real, Carratraca, Cartajima, Cártama, Casabermeja, Casarabonela, Casares, Chilches, Chilches Costa, Coín, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cortes de la Frontera, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Cuevas del Becerro, Cútar, Estepona, Faraján, Frigiliana, Fuengirola, Fuente de Piedra, Gaucín, Genalguacil, Guaro, Humilladero, Igualeja, Istán, Iznate, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Macharaviaya, Málaga, Manilva, Marbella, Mijas, Moclinejo, Mollina, Monda, Montejaque, Nerja, Ojén, Parauta, Periana, Pizarra, Puerto de la Torre, Pujerra, Rincón de la Victoria, Riogordo, Ronda, Salares, San Pedro de Alcántara, Sayalonga, Sedella, Sierra de Yeguas, Teba, Tolox, Torre del Mar, Torremolinos, Torrox, Totalán, Valle de Abdalajís, Vélez-Málaga, Villanueva de Algaidas, Villanueva de la Concepción, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco, Viñuela, Yunquera.

LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA SUPONDRÁ AHORRO PARA FAMILIAS Y MEJORA SECTOR CONSTRUCCIÓN

En un país con gran dependencia energética como es el nuestro, y considerando que el 40 por ciento de la energía consumida corresponde a las edificaciones

 
El decano de Murcia y presidente de todos los Ingenieros Técnicos Industriales de España, José Antonio Galdón, asegura que el certificado de eficiencia energética de las viviendas y edificios, que entrará en vigor en junio en base a la normativa europea, tendrá efectos muy positivos tanto para el ciudadano como para la mejora de la economía y de diversos sectores como el de la construcción, aunque para ello, opina, que deberá haber medidas de estímulo y una correcta información.
 
   En un país con gran dependencia energética como es el nuestro, y considerando que el 40 por ciento de la energía consumida corresponde a las edificaciones, “se hace muy necesario el adoptar medidas para optimizar el consumo y concienciar a los ciudadanos de la importancia que tiene tanto para el conjunto de la sociedad como para el individuo en cuestión”, y todo ello enmarcado dentro de los objetivos fijados en el protocolo de Kyoto, y que en este caso da lugar a la directiva 2010/31/UE.
 
   Los factores económicos “nos recomiendan disminuir nuestra dependencia energética y ello se consigue disminuyendo el consumo y con la utilización de fuentes renovables, lo que en su conjunto produce unos efectos medioambientales positivos”. Pero además, un factor importantísimo “es el ahorro económico en las familias y que podrán experimentar mes a mes con la disminución de las facturas energéticas”, ha añadido en una entrevista concedida a Europa Press.  
 
   En esta línea y a través de la certificación energética “podremos tener la información precisa del grado de eficiencia energética de la edificación que vamos a comprar, vender o alquilar, y será un aspecto decisivo para tomar cualquier decisión”.
 
   Por un lado otorgará valor añadido a aquellas viviendas que tengan un elevado nivel de eficiencia energética (A, B) y aumentará sus posibilidades de éxito en el “maltrecho” mercado inmobiliario, y por otro fomentará la rehabilitación energética de edificaciones con baja eficiencia, por cuanto verán disminuidas sus posibilidades de venta o alquiler.
 
   Esto a su vez permitirá un cierto alivio al sector de la construcción e instalaciones que pueden tener aquí unas nuevas oportunidades de trabajo que sin duda son necesarias, ha afirmado.
 
   Pero para que esto sea posible, Galdón entiende que debería ser la administración la que de alguna forma incentive estas inversiones, que aunque quizás no pueda ser de forma directa a través de subvenciones, si se podrían estudiar fórmulas de incentivos vía contribución urbana o similar, de forma que se premie a las edificaciones eficientes, de forma similar a lo que ocurre con los vehículos.
 
FACILITAR ACCESO AL CRÉDITO
 
   Hay que tener en cuenta, que aunque se puedan conseguir retornos de inversión relativamente cortos, las familias españolas, por lo general, “tenemos poca capacidad para afrontar inversiones y en este sentido también se debería trabajar con el sector bancario para que facilitase el acceso a este tipo de créditos”.
 
   Pues, ha insistido, a través de la certificación energética de la vivienda, se tendrá información sobre el grado de eficiencia energética de la misma, así como se valoraran y definirán las mejoras a realizar para aumentar la misma, incluyendo un estudio de la amortización de las mismas en función de la disminución del consumo energético, “y aunque con muchas variables su precio estaría entre los 250 y 300 euros”.
 
   Este certificado acompañará a las escrituras de compra-venta de las viviendas, y a los contratos de arrendamiento, con lo que habrá una mayor transparencia e información sobre las mismas, y además a partir de la entrada en vigor del decreto, “el nivel de certificación tendrá que ser visible en los carteles e información del edificio en cuestión que se venda o alquile”.
 
   Este decreto, que previsiblemente entrará en vigor a partir del 1 de junio, tiene su máxima aplicación en las viviendas individuales y no de forma obligatoria en todo el edificio o las instalaciones comunes de los mismos, aunque, ha afirmado Galdón, “si que servirá de estímulo para la realización de mejoras de todo aquello que influya de forma directa en el consumo energético”.
 
   En esta línea y para edificaciones antiguas “toman vital importancia las envolventes del edificio”, que al tratarse de elementos comunes tendrán que realizarse de forma consensuada con todos los propietarios “y puede propiciar una mejora general del edificio y todas sus viviendas”.
 
   Este, ha apuntado, “sería el aspecto mas importante desde el punto de vista energético, aunque también podrían adoptarse otras medidas encaminadas a la reducción de consumo de los servicios comunes con la instalación de lámparas de led, detectores de presencia o ascensores eficientes”.
 
   Desde el Colegio de Ingenieros Técnicos de la Región de Murcia llevan ya desde el año 2006 formando expertos en certificación energética y en la actualidad cuenta con más de 500 profesionales dedicados a esta materia.
 
  
 
 
Málaga, Alameda, Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Algatocín, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almáchar, Almargen, Almogía, Álora, Alozaina, Alpandeire, Antequera, Añoreta, Árchez, Archidona, Ardales, Arenas, Arriate, Arroyo de la Miel, Atajate, Axarquia, Benadalid, Benahavís, Benalauría, Benalmádena, Benamargosa, Benamocarra, Benaoján, Benarrabá, Borge (El), Burgo (El), Campillos, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cañete la Real, Carratraca, Cartajima, Cártama, Casabermeja, Casarabonela, Casares, Chilches, Chilches Costa, Coín, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cortes de la Frontera, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Cuevas del Becerro, Cútar, Estepona, Faraján, Frigiliana, Fuengirola, Fuente de Piedra, Gaucín, Genalguacil, Guaro, Humilladero, Igualeja, Istán, Iznate, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Macharaviaya, Málaga, Manilva, Marbella, Mijas, Moclinejo, Mollina, Monda, Montejaque, Nerja, Ojén, Parauta, Periana, Pizarra, Puerto de la Torre, Pujerra, Rincón de la Victoria, Riogordo, Ronda, Salares, San Pedro de Alcántara, Sayalonga, Sedella, Sierra de Yeguas, Teba, Tolox, Torre del Mar, Torremolinos, Torrox, Totalán, Valle de Abdalajís, Vélez-Málaga, Villanueva de Algaidas, Villanueva de la Concepción, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco, Viñuela, Yunquera.

EL BUTANO, UN 100% MÁS CARO QUE LOS PELLETS DE MADERA

Una bombona de butano cuesta hoy un 5% más que ayer, en concreto, 17,13 euros (IVA e impuesto especial incluido). Ese precio está recogido en la Orden Ministerial que ayer apareciera publicada en el Boletín Oficial del Estado. El butano es empleado para obtener calor -como los pellets de madera o el gas natural- y el calor se mide en kilovatios hora térmicos (kWh t). Pues bien, según el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el kWh t de butano sale a más de 9 céntimos de euro. El kWh t de pellets de madera sale a 4,51.
 
El último Informe de Precios Energéticos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía -documento publicado hace apenas una semana- lo deja bien claro: la biomasa es más barata o mucho más barata que el butano. Los precios son los siguientes, según ese documento oficial: el kilovatio hora térmico (kWh t) de zuro de maíz sale a 0,82 céntimos de euro; el kWh t de astilla de pino triturada (adquirida a granel) sale a 1,39 céntimos de euro (c€); el de cáscara de almendra triturada, a 2,22; el de pellet de madera (a granel), a 3,38; y el kilovatio hora térmico de pellet de madera (saco de 15 kilos) cuesta 4,51 céntimos de euro, es decir, exactamente la mitad que el kilovatio hora térmico de butano, que sale a más de nueve céntimos de euro desde hoy, día en el que entra en vigor la Orden Ministerial publicada ayer en el BOE. Es más, esa Orden anticipa futuras subidas y, por eso, establece un “precio máximo anual para la bombona de butano de 12,5 kilogramos en todo el territorio nacional” que estará en vigor hasta marzo de 2014 y que queda fijado en 17,5 euros, IVA e impuesto especial incluido. Según esa Orden, la bombona solo podrá incrementar su precio, pues, en un 2% en los próximos doce meses, 2% que se sumará a este 5% de la subida de hoy.
 
El gobierno se ajusta a la realidad desindexándose del IPC 
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo fija en la Orden susodicha, además, la nueva fórmula de cálculo de los precios de los gases licuados de petróleo envasados (GLP). Según el gabinete del ministro José Manuel Soria, la nueva “fórmula para la determinación automática de los precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados” pretende “garantizar la recuperación de costes a los agentes del sector y al mismo tiempo proteger a los consumidores de una volatilidad excesiva en precios en un producto de marcado carácter social”. El gobierno ha introducido en esa Orden una limitación del 5% a la variación de dichos precios y “asegura que los desajustes incurridos se recuperen en revisiones posteriores”. Curiosamente, el ejecutivo establece ahora que se revisen los costes de comercialización “para ajustarlos a la realidad a la vez que se desindexan del IPC”. Aproximadamente ocho millones de hogares se calientan con bombona de butano.
 
  
 
 
 
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