Certificado Energético en Málaga y Provincia | info@certific.es | 692-774-950 | 666-895-980 | 951 501 923

Entradas etiquetadas como ‘certificado energético málaga de mi casa’

LA UCA PREVIENE DE LOS ABUSOS AL SOLICITAR EL CERTIFICADO ENERGÉTICO DE VIVIENDAS


La UCA ha criticado la “pésima regulación” que el Ministerio de Presidencia ha hecho con respecto al Certificado de Eficiencia Energética de los Edificios. Por ello, ha querido prevenir a los consumidores sobre los posibles abusos que pueden sufrir al solicitar este certificado y sobre las obligaciones que tienen ante este decreto.
 
La Unión de Consumidores de Aragón (UCA) ha criticado la “pésima regulación” del Ministerio de Presidencia respecto al Certificado de Eficiencia Energética de los Edificios. También ha hablado de las declaraciones de los responsables políticos y certificadores, asegurando que intentan “meter miedo” a los ciudadanos con “impresionantes” sanciones económicas. Por ello, ha querido aclarar los diferentes puntos de este decreto y evitar los posibles abusos que los consumidores pueden llegar a sufrir al solicitar este certificado.
 
José Ángel Oliván, el presidente de la UCA, ha asegurado que este documento está mal redactado y que hay cuestiones muy importantes que quedan para una regulación posterior. Además, ha explicado que la función real de este certificado es informar sobre el estado de un edificio y los consumidores se encuentran en una situación muy ambigua.
 
Este Real Decreto ha sido elaborado por el Gobierno de España para evitar más sanciones de la UE por el incumplimiento de la transposición de la Directiva Comunitaria sobre eficiencia energética de la vivienda al derecho Español.
 
La UCA ha asegurado que el mismo no aclara debidamente ni qué debe ser certificado, ni quién puede certificar, ni las responsabilidades del certificador para el consumidor. Así mismo, descarga responsabilidades a las CCAA, que éstas no pueden cumplir aunque esté en su ánimo. “La norma no resiste la más mínima seguridad jurídica”, ha explicado el presidente de la UCA, José Ángel Oliván
 
Asimismo, crear un registro con garantías jurídicas para los administrados, conlleva ser regulado en un decreto, un trámite de obligado cumplimiento, largo en el tiempo, con la participación de los parlamentos autonómicos y con exposición pública para alegaciones, según la UCA. Ese registro todavía no es un hecho.
 
Cuando la norma habla de quiénes están habilitados para realizar el CEE, existen diferentes profesionales que pueden llevar a cabo estas tareas, pero no aclara quienes. Por ello, la UCA ha considerado de importancia alertar de algunas posiciones de colegios profesionales que, con el ánimo de ingresar dinero, pretenden ofrecer un visado, que, en realidad, es un engolamiento de este trámite sólo a efectos de cobrar, no de ser mejor o peor.
 
La UCA estará muy atenta a que este mercado sea libre y cada propietario de vivienda pueda contratar la certificación a un profesional de cualquier ámbito geográfico. La libertad de empresa debe de estar clara para que se respete la competencia en este mercado y no existan conductas colusorias.
 
La responsabilidad respecto del certificador. La norma no dice nada, da la sensación de que deja al consumidor en situación de indefensión respecto del certificador.
 
“Meter miedo a los propietarios de vivienda con las sanciones”, la tipificación de infracciones y sanciones deben de estar recogidas en una Ley, no en un Real Decreto. Por tanto, según la UCA, difícilmente se podrá abrir un expediente imponiendo sanciones.
 
También, la UCA ha recordado que la masiva publicidad engañosa de algunos profesiones y empresas certificadoras está asentándose en la población como el conocido timo de los inspectores de gas que entran en las casas y cobran importantes cantidades introduciendo el miedo de las sanciones.
 
Por último, la UCA considera que lo que se pretende con las certificaciones de eficiencia energética es comenzar a tener información sobre cómo se puede ahorrar en energía. Por otro lado, el objeto de realizar una inscripción en un registro no debe ser una forma de control con fines sancionadores y de recaudación con tasas, sino una información de consumo de energía muy valiosa de toda España, con posibilidades de medir y a partir de ahí, planificar políticas de consumos responsables y rehabilitaciones eficientes de las viviendas.
 
 
 
 
 
Málaga, Alameda, Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Algatocín, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almáchar, Almargen, Almogía, Álora, Alozaina, Alpandeire, Antequera, Añoreta, Árchez, Archidona, Ardales, Arenas, Arriate, Arroyo de la Miel, Atajate, Axarquia, Benadalid, Benahavís, Benalauría, Benalmádena, Benamargosa, Benamocarra, Benaoján, Benarrabá, Borge (El), Burgo (El), Campillos, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cañete la Real, Carratraca, Cartajima, Cártama, Casabermeja, Casarabonela, Casares, Chilches, Chilches Costa, Coín, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cortes de la Frontera, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Cuevas del Becerro, Cútar, Estepona, Faraján, Frigiliana, Fuengirola, Fuente de Piedra, Gaucín, Genalguacil, Guaro, Humilladero, Igualeja, Istán, Iznate, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Macharaviaya, Málaga, Manilva, Marbella, Mijas, Moclinejo, Mollina, Monda, Montejaque, Nerja, Ojén, Parauta, Periana, Pizarra, Puerto de la Torre, Pujerra, Rincón de la Victoria, Riogordo, Ronda, Salares, San Pedro de Alcántara, Sayalonga, Sedella, Sierra de Yeguas, Teba, Tolox, Torre del Mar, Torremolinos, Torrox, Totalán, Valle de Abdalajís, Vélez-Málaga, Villanueva de Algaidas, Villanueva de la Concepción, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco, Viñuela, Yunquera
Anuncios

FALTA INFORMACIÓN A LOS CIUDADANOS SOBRE EL CERTIFICADO ENERGÉTICO

El pasado 5 de Junio tuvo lugar el debate profesional convocado por AEGI comunidad Valenciana y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia, donde numerosos profesionales del sector inmobiliario tuvieron la oportunidad de compartir, las numerosas disfunciones que ha ocasionado la entrada en vigor del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
El certificado energético fue valorado como algo positivo. Los profesionales del sector, manifestaron que alcanzará mayor repercusión cuando el consumidor final tome conciencia de la repercusión real sobre el medio ambiente y el consumo energético de la vivienda que se dispone a comprar o alquilar.
Los profesionales pusieron de manifiesto el hecho de que no se ha realizado ninguna campaña informativa al ciudadano, por parte de la administración, informando ni de la importancia, ni de la finalidad de la obtención del certificado energético, ni del carácter obligatorio del mismo por parte del propietario, así como de la posibles sanciones.
Esta responsabilidad se ha delegado directamente en los operadores del mercado, en su mayoría agentes inmobiliarios.
La mesa de debate creada por el colegio oficial de agentes de la propiedad inmobiliaria y  AEGI comunidad Valenciana, no cuestiona la utilidad ni la  obligatoriedad del mismo, sino la aplicación de la normativa, fundamentalmente por que no ha existido tiempo suficiente para la campaña de concienciación de los vendedores y arrendadores, ni para la realización de las inspecciones técnicas necesarias para obtener dichos certificados.
La principal disfunción se está produciendo en la obligatoriedad de exhibir la etiqueta energética en la publicidad del inmueble. Es ahí dónde los agentes nos estamos encontrando con el mayor problema. ¿Qué debemos hacer cuando la mayoría de propietarios todavía no han obtenido su etiqueta energética? ¿dejar de anunciar los inmuebles? Esta opción es inviable para el sector, se produciría un estancamiento en la venta y alquiler de inmuebles con unas consecuencias nefastas para los ciudadanos y para el sector en general.
Es necesaria una moratoria o una aplicación por fases sobre todo en lo que respecta a la obligatoriedad de exhibir la etiqueta en la publicidad de los inmuebles en venta y arrendamiento. Una aplicación escalada y  razonable que permita introducir una medida de tan amplio calado.
Es muy importante destacar que nos estamos encontrando con propietarios que no entienden la utilidad de la medida ni son conscientes de las repercusiones de no obtener la etiqueta para publicitar el inmueble. En el caso de la venta o del alquiler ya realizado, la obtención del certificado se facilita, puesto que el propietario lo contempla como un gasto más de la venta  o el alquiler  ya efectuado.
La dificultad se presenta cuando debemos hacer entender al propietario que sólo para poder anunciarlo ya debe obtener la etiqueta energética. En algunos casos los propietarios ni siquiera pueden asumir el coste de inicio que supone. Sobre todo en el caso de alquileres de rentas bajas.
En conclusión:
1. La administración ha tardado siete años en poner en marcha una directiva europea que la mayoría de países pusieron en marcha en 2006. Ahora entra en vigor de golpe sin preparación previa para los propietarios y los profesionales. La administración central y la autonómica no está preparada, ni siquiera tiene el certificado expuesto en todos sus edificios según obliga la mencionada ley.
2. Existe una falta total de Información a los ciudadanos, papel que están asumiendo los propios profesionales del sector.
3. Es imprescindible tener consideración y aclarar la aplicación del régimen sancionador, especialmente en lo referente a la difusión de los inmuebles en medios publicitarios.
4. Los profesionales inmobiliarios tienen total predisposición al cumplimiento de la ley. Apostamos por mejorar la calidad de las viviendas a travésdel ahorro energético en beneficio del comprador-consumidor.
5. La ley y en su caso las sanciones derivadas de su incumplimiento, deberá aplicarse en igualdad de condiciones para todos, no sólo a los particulares que son el eslabón más débil, si no especialmente agrandes portales, entidades financieras, y administraciones públicas.
6. Es necesaria una aplicación ordenada, por fases, incluso con moratorias si fuera necesario para no que no produzcan sanciones innecesarias e injustas a ciudadanos o profesionales por falta de tiempo y precipitación de la administración.
Fuente: inmodiario.com
 
 
Málaga, Alameda, Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Algatocín, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almáchar, Almargen, Almogía, Álora, Alozaina, Alpandeire, Antequera, Añoreta, Árchez, Archidona, Ardales, Arenas, Arriate, Arroyo de la Miel, Atajate, Axarquia, Benadalid, Benahavís, Benalauría, Benalmádena, Benamargosa, Benamocarra, Benaoján, Benarrabá, Borge (El), Burgo (El), Campillos, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cañete la Real, Carratraca, Cartajima, Cártama, Casabermeja, Casarabonela, Casares, Chilches, Chilches Costa, Coín, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cortes de la Frontera, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Cuevas del Becerro, Cútar, Estepona, Faraján, Frigiliana, Fuengirola, Fuente de Piedra, Gaucín, Genalguacil, Guaro, Humilladero, Igualeja, Istán, Iznate, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Macharaviaya, Málaga, Manilva, Marbella, Mijas, Moclinejo, Mollina, Monda, Montejaque, Nerja, Ojén, Parauta, Periana, Pizarra, Puerto de la Torre, Pujerra, Rincón de la Victoria, Riogordo, Ronda, Salares, San Pedro de Alcántara, Sayalonga, Sedella, Sierra de Yeguas, Teba, Tolox, Torre del Mar, Torremolinos, Torrox, Totalán, Valle de Abdalajís, Vélez-Málaga, Villanueva de Algaidas, Villanueva de la Concepción, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco, Viñuela, Yunquera

Nube de etiquetas