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“CUALQUIER SERVICIO REALIZADO DESDE EL SISTEMA FINANCIERO IMPREGNA DE DUDAS A LOS CONSUMIDORES”

En la contratación de hipotecas, no hay una responsabilidad igual en todos los casos”. Así se expresa David Hurtado, portavoz de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), que desgrana en esta entrevista los asuntos que más procupan a los consumidores en relación a la vivienda.
 
fotocasa.es: ¿Qué responsabilidad tienen los ciudadanos que contrataron una hipoteca y ahora no pueden hacer frente a las cuotas de la misma?
 
David Hurtado: No hay una responsabilidad igual en todos los casos, ya que no es lo mismo una persona que se informó y le informaron adecuadamente de las ventajas e inconvenientes de asumir esa hipoteca, que otra que no se leyó o no le informaron adecuadamente. No es la misma responsabilidad la de aquellas personas que les colaron cláusulas abusivas en sus hipotecas que la de aquellos que tienen un contrato transparente. No es la misma responsabilidad la de quien midió sus limitaciones de gasto pero luego la crisis económica se cebó con él, que aquél que se endeudó más de lo que podía y ahora paga las consecuencias. El sistema financiero, las administraciones, los notarios y los propios consumidores tienen su cuota de responsabilidad pero en cada caso concreto esa responsabilidad es diferente.
 
Por ejemplo, parece evidente es que, teniendo en cuenta todo lo anterior, las entidades bancarias incumplieron, al menos, la normativa de protección de los derechos de los consumidores en cuanto a información se refiere (que debe ser clara, comprensible y adaptada a las circunstancias, veraz y suficiente sobre las características esenciales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas, y de los bienes o servicios objeto del mismo). Es manifiesto que los contratos hipotecarios no son comprensibles para la mayoría de los ciudadanos y menos teniendo en cuenta algunos de los conceptos incluidos en las mismas: swap, clausulas suelo/techo, Euribor… En este sentido, no podemos exigir que cada consumidor tenga a su disposición un abogado que le informe sobre las hipotecas. Debería exigirse buena fe contractual a las entidades bancarias y el cumplimiento de su deber de información.
 
fotocasa.es: ¿CECU está a favor de la dación en pago retroactiva, como solicita la Plataforma de Afectados por la Hipoteca?
 
David Hurtado: CECU está a favor de que se considere cualquier posibilidad que permita la dación en pago en aquellos casos donde las circunstancias nos digan que ha existido un aprovechamiento claro por parte de la entidad financiera y, por lo tanto, un perjuicio al consumidor. En este tipo de contratos hablamos habitualmente de “contratos de adhesión”, donde el consumidor no tiene la posibilidad de negociar la mayoría del contenido y, por lo tanto, la posibilidad de agravio es importantísimo. Además, estas deudas pueden implicar mantener al ciudadano durante mucho tiempo en una situación de imposibilidad de recuperación económica y sin esperanzas  para  acceder a un crédito en el futuro para la compra de una nueva vivienda. La situación de estas personas debe solucionarse.
 
Desde CECU entendemos que la certificación energética de viviendas puede ser positiva en el medio y largo plazo
 
fotocasa.es: ¿Qué opinión tiene CECU del Anteproyecto de Ley de Medidas para la Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler? ¿Es necesario para impulsar el alquiler en España? ¿Cuál es el nivel de protección que la ley actual ofrece a los inquilinos y el nivel de seguridad que le da los propietarios?
 
David Hurtado: CECU considera que es necesario impulsar el mercado de alquiler,  incrementar el número de viviendas en alquiler y seguir profundizando en las situaciones más comunes que se dan en la relación entre propietario e inquilino. Los cambios legislativos de los últimos años han mejorado esa relación, aunque ciertas novedades no ayudan a paliar el desequilibrio entre las partes: la reducción del plazo mínimo de duración del contrato o la posibilidad de que se pacten en el contrato incrementos de renta por encima del IPC son cuestiones que, como representantes de los consumidores, no podemos compartir. Creemos que es fundamental ponerse a trabajar en una verdadera estrategia política en materia de vivienda.
 
fotocasa.es: El famoso ‘banco malo’ se ha convertido en la mayor inmobiliaria del país ¿Qué le parece sean las propias entidades bancarias las encargadas de comercializar su stock?
 
David Hurtado: Cualquier servicio realizado desde el sistema financiero impregna de dudas a los consumidores, máxime si tenemos en cuenta el historial de estas entidades con los usuarios. No obstante habría una doble lectura desde el punto de vista del consumidor: la primera, que esta situación dará lugar a un incremento de la oferta inmobiliaria y eso debe repercutir en una bajada sustancial de precios; pero, por otro lado, ¿me van a gestionar la compra de una vivienda personas especialistas en la materia? Podemos encontrarnos en una situación de falta de profesionalidad en algunos casos. Por otra parte, el hecho de que los bancos posean una enorme cantidad de viviendas puede llevarnos también a desajustes sobre los precios del alquiler, al igual que comentábamos antes sobre los de la vivienda en propiedad.
 
fotocasa.es: Aunque todavía no está funcionando, una cuestión que tiene en vilo a muchos profesionales es la implantación del futuro certificado energético de viviendas ¿Cómo cree CECU que afectará a los consumidores?
 
David Hurtado: Desde CECU entendemos que la certificación energética de viviendas puede ser positiva en el medio y largo plazo, tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el del interés para los ciudadanos. El debate sobre el futuro certificado energético todavía está en un estado muy preliminar y es muy importante, porque se trata de una legislación absolutamente necesaria para evitar el derroche de combustibles y, por tanto, de emisiones de gases de efecto invernadero. El beneficio para el consumidor individual será de bienestar y de un más que apreciable ahorro para su bolsillo, por lo que CECU apuesta por este sistema.
 
fotocasa.es:  Según la estadística de CECU, el mercado de la vivienda se encuentra entre los cinco sectores que más consultas y reclamaciones reciben ¿Qué tipos de queja son los más comunes?
 
David Hurtado: En principio, se trata de problemas relacionados con los contratos y las cláusulas que los contienen, así como con discrepancias en relación a lo contratado, la no devolución de la fianza, el no acometimiento por los arrendadores de las obras de reparación necesarias o el incumplimiento del plazo mínimo de duración del arrendamiento. En los últimos años, los problemas generados en el alquiler de inmuebles se han incrementado notablemente, acercándose a los de la compraventa de vivienda, que han sufrido una gran caída desde los años del boom inmobiliario. También los problemas en el seno de las Comunidades de Propietarios son numerosas, con un incremento importante de los impagos de las cuotas de la comunidad por parte de los propietarios (en algunos casos entidades bancarias).
 
 
 
 
 
 
 
Málaga, Alameda, Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Algatocín, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almáchar, Almargen, Almogía, Álora, Alozaina, Alpandeire, Antequera, Árchez, Archidona, Ardales, Arenas, Arriate, Atajate, Benadalid, Benahavís, Benalauría, Benalmádena, Benamargosa, Benamocarra, Benaoján, Benarrabá, Borge (El), Burgo (El), Campillos, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cañete la Real, Carratraca, Cartajima, Cártama, Casabermeja, Casarabonela, Casares, Coín, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cortes de la Frontera, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Cuevas del Becerro, Cútar, Estepona, Faraján, Frigiliana, Fuengirola, Fuente de Piedra, Gaucín, Genalguacil, Guaro, Humilladero, Igualeja, Istán, Iznate, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Macharaviaya, Málaga, Manilva, Marbella, Mijas, Moclinejo, Mollina, Monda, Montejaque, Nerja, Ojén, Parauta, Periana, Pizarra, Pujerra, Rincón de la Victoria, Riogordo, Ronda, Salares, Sayalonga, Sedella, Sierra de Yeguas, Teba, Tolox, Torre del Mar, Torremolinos, Torrox, Totalán, Valle de Abdalajís, Vélez-Málaga, Villanueva de Algaidas, Villanueva de la Concepción, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco, Viñuela, Yunquera.
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¿SE ESTÁN CREANDO DEMASIADAS EXPECTATIVAS CON LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDAS?

 

Todavía no se ha aprobado el Real Decreto de Certificación Energética en Edificios, pero las expectativas son muy altas y sobre todo para los colectivos que tendremos la potestad de llevar a cabo este nuevo trabajo.
 
Pero…¿Se están creando demasiadas expectativas?
 
La siguiente noticia, del Periódico Mediterráneo, nos da una pista:

‘Overbooking’ en Castellón para ser inspector energético de edificios

LOS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN VEN UNA SALIDA PARA UN SECTOR ESTANCADO. POR LOS CURSOS HAN PASADO 100 PERSONAS Y EN LA FUE-UJI ULTIMAN LA 6ª EDICIÓN

Hasta lista de espera. Los cursos para obtener la capacitación para ser inspector de certificación energética de edificios existentes han registrado en la provincia de Castellón un auténtico overbooking, dado el alto nivel de paro entre técnicos de la construcción que ven una oportunidad para su reinserción laboral.
 
¿Por qué este boom? El Gobierno prepara una nueva normativa, que debía entrar en vigor en enero, pero al final se ha pospuesto, con toda probabilidad, a abril. En base a esta, desde su aprobación, las nuevas operaciones de alquiler o venta de pisos o locales deberán tener un certificado energético del inmueble, a modo de sello informativo, una escala como la de los electrodomésticos.
 
Todo un campo de posibilidades. De ahí que hasta ahora, en tan solo un mes, en la provincia, más de un centenar de aparejadores, arquitectos e ingenieros industriales han participado en la formación, impartida desde principios de febrero, desde la FUE-UJI –que ya prepara su quinta edición, para marzo, e incluso una sexta– y los colegios de los profesionales que pueden optar a esta capacitación.
 
“Tenemos un límite de 20 personas por grupo, pero al quedarse siempre alumnos en espera, vamos organizando más. Es una vía de salida laboral, y además bastante inminente”, explica el responsable de Formación de la FUE-UJI, Lucas Pérez. “Nos vienen profesionales de toda la Comunitat. De la provincia de Castellón (Burriana, Vila-real, Benicàssim…), pero también de Valencia”. En cuanto al perfil, la edad oscila de los 25 a los 50 años, muchos de ellos autónomos. Desde el colegio de ingenieros técnicos resaltaron que la demanda aún podría ser mayor, “pero el coste del curso no todos pueden permitírselo”.
 
MÁS EMPLEO // La gerente del Colegio de Aparejadores, Mª Luisa Pobo, agregó que el propietario que encargue esta certificación energética de la vivienda, “recibe también unas recomendaciones para ahorrar más energía, ya sea de aislamiento de ventanas, fachada, etc”. En este sentido, aunque no será obligatorio, se abre el abanico de empleo a electricistas, fontaneros, si el dueño está interesado en ofertar su piso con una etiqueta mejor que lo diferencie del resto. “Será un factor más a la hora de elegir”, apunta Pobo. H
 
 
 
 
 
 
Málaga, Alameda, Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Algatocín, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almáchar, Almargen, Almogía, Álora, Alozaina, Alpandeire, Antequera, Árchez, Archidona, Ardales, Arenas, Arriate, Atajate, Benadalid, Benahavís, Benalauría, Benalmádena, Benamargosa, Benamocarra, Benaoján, Benarrabá, Borge (El), Burgo (El), Campillos, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cañete la Real, Carratraca, Cartajima, Cártama, Casabermeja, Casarabonela, Casares, Coín, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cortes de la Frontera, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Cuevas del Becerro, Cútar, Estepona, Faraján, Frigiliana, Fuengirola, Fuente de Piedra, Gaucín, Genalguacil, Guaro, Humilladero, Igualeja, Istán, Iznate, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Macharaviaya, Málaga, Manilva, Marbella, Mijas, Moclinejo, Mollina, Monda, Montejaque, Nerja, Ojén, Parauta, Periana, Pizarra, Pujerra, Rincón de la Victoria, Riogordo, Ronda, Salares, Sayalonga, Sedella, Sierra de Yeguas, Teba, Tolox, Torre del Mar, Torremolinos, Torrox, Totalán, Valle de Abdalajís, Vélez-Málaga, Villanueva de Algaidas, Villanueva de la Concepción, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco, Viñuela, Yunquera.

EL 5 DE MARZO, DEL DÍA MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

 

Coincidiendo con la celebración, el 5 de marzo, del día mundial de la eficiencia energética, corresponde hablar del proyecto de real decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios (BOE 28/06/2012), y que transpone la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Dicha norma tiene como objetivo identificar el nivel de eficiencia energética de los edificios nuevos y existentes y promover la inversión en medidas de ahorro para reducir su consumo de energía.
Su aplicación en otros países está suponiendo ahorros de hasta el 50% en el consumo energético de algunos edificios. Solo en Portugal, donde se aplica desde 2007, ya se han certificado 500.000 edificios y en España las empresas de consultoría energética esperan que su entrada en vigor efectiva dinamice el sector económico y sobre todo signifique un catalizador para que particulares, empresas y organizaciones conozcan cuál es el grado de eficiencia de sus edificios y reduzcan significativamente el consumo y la factura energética de dichos inmuebles.
El proyecto de real decreto establece la obligación de poner a disposición de los compradores o usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética que deberá incluir información objetiva sobre sus características energéticas. Una especie de clasificación similar a la de los electrodomésticos que computará de la A, más eficiente, a la G, el menos eficiente. De esta forma se podrá valorar y establecer comparativa con el fin de favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía que requerirán los menos eficientes.

“También se aprueba un distintivo común en todo el territorio nacional denominado etiqueta de eficiencia energética”
También destacan otros dos elementos. Por un lado, se establecen los plazos para la adaptación del procedimiento básico a los edificios existentes y también para la obtención del certificado. Por otro, la obligación de exhibir la etiqueta de eficiencia energética en edificios que presten servicios públicos. También se fijan los plazos para la obligación de realizar, por parte de los órganos competentes de las comunidades autónomas, un inventario estadístico de las actuaciones relacionadas con los certificados registrados por ellas. Lo que supondrá un mecanismo de vital importancia para la planificación de las actuaciones de mejora de la eficiencia energética del parque de edificios existente y el seguimiento del cumplimiento de la norma.
También se aprueba un distintivo común en todo el territorio nacional denominado etiqueta de eficiencia energética válido para 10 años desde su emisión. En el caso de los edificios que presten servicios públicos a un número importante de personas y que, por consiguiente, sean frecuentados habitualmente por ellas, será obligatoria la exhibición de este distintivo de forma destacada.
Otros aspectos importantes del nuevo real decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios señalan que la certificación puede afectar al edificio completo o unidades independientes del mismo y que la certificación solo puede ser emitida por técnicos que estén en posesión de la titulación académica y profesional habilitante para la realización de proyectos de edificación o de sus instalaciones térmicas, o de la certificación energética.
El real decreto también presenta algunas dudas. Más allá de la actual situación en la que nos encontramos, recordemos que debiera ser efectivo desde el pasado 1 de enero, queda en el aire ver cómo va a ejecutarse dicha certificación. Solo señalar que a día de hoy las herramientas informáticas de certificación que actualmente están a disposición de las empresas son técnicamente poco operativas, contienen errores y se prestan a demasiadas interpretaciones. Como ejemplo, señalar que la certificación energética, cuantitativamente medida en kilos de emisiones de CO2, no tiene una traducción directa en el consumo de calefacción o las pérdidas de la vivienda, lo cual impide al usuario traducir a vatios consumidos o a euros el futuro consumo de la vivienda en determinadas condiciones. También es importante comentar que el certificado irá con toda probabilidad acompañado de una serie de medidas recomendadas que podrían mejorar la calificación de la vivienda o local, pero en todo caso no serán de obligado cumplimiento.
Pese a estos aspectos, que seguro se solventarán en cuanto comiencen a operar los distintos actores implicados, propietarios, explotadores, administraciones, certificadores, etc., es una muy buena noticia que todos sepamos, al igual que ocurre con otros muchos productos y servicios que consumimos diariamente, qué nivel de eficiencia energética tienen los edificios donde vivimos y trabajamos y que actuemos para hacerlos más respetuosos con el medio ambiente.
 
 
 
 

Málaga, Alameda, Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Algatocín, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almáchar, Almargen, Almogía, Álora, Alozaina, Alpandeire, Antequera, Árchez, Archidona, Ardales, Arenas, Arriate, Atajate, Benadalid, Benahavís, Benalauría, Benalmádena, Benamargosa, Benamocarra, Benaoján, Benarrabá, Borge (El), Burgo (El), Campillos, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cañete la Real, Carratraca, Cartajima, Cártama, Casabermeja, Casarabonela, Casares, Coín, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cortes de la Frontera, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Cuevas del Becerro, Cútar, Estepona, Faraján, Frigiliana, Fuengirola, Fuente de Piedra, Gaucín, Genalguacil, Guaro, Humilladero, Igualeja, Istán, Iznate, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Macharaviaya, Málaga, Manilva, Marbella, Mijas, Moclinejo, Mollina, Monda, Montejaque, Nerja, Ojén, Parauta, Periana, Pizarra, Pujerra, Rincón de la Victoria, Riogordo, Ronda, Salares, Sayalonga, Sedella, Sierra de Yeguas, Teba, Tolox, Torre del Mar, Torremolinos, Torrox, Totalán, Valle de Abdalajís, Vélez-Málaga, Villanueva de Algaidas, Villanueva de la Concepción, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco, Viñuela, Yunquera.

 

NUEVA ECOETIQUETA ENERGÉTICA PARA VIVIENDAS USADAS

 


Los edificios deberán llevar una etiqueta que señale su gasto energético similar al de los electrodomésticos.
 
La ley obliga desde 2007 a que las viviendas nuevas lleven una etiqueta, similar a la de los electrodomésticos, que informa de su consumo energético. En breve, este certificado se aplicará también a los pisos usados. Los propietarios deberán certificar sus inmuebles para ofrecer a compradores y arrendatarios esta información. Los beneficios ambientales, sociales y económicos justifican la medida, aplicada desde hace años en otros países de la Unión Europea. Este artículo explica en qué consiste la etiqueta energética para viviendas usadas, cómo afecta a los consumidores y sus ventajas y desafíos.
 
Etiqueta energética para viviendas usadas: en qué consiste
 
El certificado de eficiencia energética se utiliza en diversos bienes, desde electrodomésticos a neumáticos. Gracias a una ecoetiqueta ordenada por letras y colores, el consumidor conoce el mayor o menor consumo de energía del producto. A mayor consumo energético, mayor gasto económico y mayor impacto en el medio ambiente.
 
La cantidad de viviendas que deberán certificarse se estima en medio millón anual.
 
Los edificios nuevos y los objeto de una gran rehabilitación están desde 2007 obligados a pasar una certificación energética y ofrecer el resultado en una de dichas etiquetas. A partir del 1 de enero, las viviendas usadas deberían haberse incorporado a este sistema, pero todavía no se ha hecho efectivo. José Luis López, coordinador de proyectos de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), recuerda que los plazos marcados por la Directiva europea 31/2010 y por la Ley 2/2011 de Economía Sostenible se han superado. Según el portal inmobiliario Idealista, el Consejo de Ministros podría aprobarlo este mes de marzo o en abril.
 
Los profesionales que realizan el certificado analizan diversos parámetros sobre el estado de la envolvente térmica del edificio (fachadas, cubierta, ventanas, etc.) y de sus instalaciones. Con esta información elaboran la etiqueta energética, que clasifica la vivienda entre la A, las viviendas más eficientes y con menores emisiones de dióxido de carbono equivalentes (CO2eq), y la G, las menos eficientes y con mayores emisiones.
 
Al realizar una compraventa, el vendedor deberá proporcionar al comprador dicho certificado. En caso de un arrendamiento, la etiqueta energética tendrá que constar en todo anuncio inmobiliario, y el arrendador deberá ofrecer una copia al arrendatario. El incumplimiento de alguna de estas obligaciones supondrá una sanción administrativa, al cometerse una infracción en materia de protección al consumidor (Ley General de defensa de los consumidores y usuarios, RDL 1/2007, de 16 de noviembre).
 
La información oficial está disponible en la página web del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). Es el organismo designado, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), para el desarrollo normativo.
 
Cómo afecta a los consumidores
 
La realización del certificado energético será obligatorio para todas las compraventas de particulares, inmobiliarias o bancos (públicos o privados), además de los arrendamientos o alquileres, a partir de su entrada en vigor. No obstante, cualquier propietario puede solicitarlo de forma voluntaria. El etiquetado energético afectará a los consumidores de la siguiente manera:
 
Para los vendedores y arrendadores: supondrá un coste, aunque según José Luis López, la información obtenida será una buena recompensa. Los edificios con las mejores clasificaciones serán más competitivos en el mercado frente a otros similares peor calificados. Los inmuebles con mala calificación energética tendrán información suficiente para que los propietarios puedan mejorarla. Según datos del Centro Nacional de Energías Renovables (Cener), el 80% de los hogares españoles necesita rehabilitación energética para mejorar sus sistemas de calefacción y aislamiento.
Para los consumidores que quieran comprar o alquilar una vivienda: servirá para darles más poder de decisión y para fomentar una oferta de pisos más eficientes. El ahorro económico y la calidad de vida y la salud aumentarán.
La cantidad de viviendas que deberán certificarse se estima en medio millón anual: según datos oficiales del Ministerio de Fomento, se producen más de 430.000 transacciones inmobiliarias anuales de media.
 
Respecto al alquiler, no hay estadísticas estatales, pero se estima que se firman unos 40.000 contratos anuales. No obstante, el número de certificados emitidos al año será menor, matiza el experto de la ACA, porque “el certificado energético tiene una validez de diez años y durante ese tiempo una misma propiedad o edificio es probable que sufra varios contratos de arrendamiento y compraventas”.
 
Ventajas y desafíos del certificado de eficiencia energética
 
El certificado y la etiqueta energética tienen varias ventajas, según José Luis López:
 
 
  • Ambientales: conllevará la mejora de la eficiencia energética de las viviendas y la reducción de la contaminación y de las emisiones implicadas en el cambio climático. La Unión Europea (UE) estima que la edificación supone el 40% del consumo energético de sus Estados miembros.


 
  • Sociales: los consumidores conocerán la “hipoteca energética” del piso, el peso que tendrán las facturas energéticas en sus gastos. La pobreza energética de los españoles se reducirá y aumentará su calidad de vida.


 
  • Económicas: la generación de certificados y las consecuentes rehabilitaciones producirá negocio y puestos de trabajo, muy necesarios en el sector inmobiliario. Según un estudio de la ACA de 2012, la rehabilitación energética de edificios puede generar hasta 17 empleos directos por cada millón de euros invertido.


La etiqueta también deberá enfrentarse a varios desafíos. El mayor de ellos, según José Luis López, que se convierta en una prioridad real para apostar por la rehabilitación energética de edificios. Los precedentes no parecen muy halagüeños. A pesar de haberse aprobado en 2007, la normativa para los edificios nuevos (RD 47/2007, de 19 de enero) no funciona como debiera. El experto de la ACA explica que su aplicación, dependiente de las comunidades autónomas, no ha sido desarrollado todavía en algunas de ellas, y ni siquiera hay el registro oportuno en la mayor parte de las mismas.
 
La situación es muy distinta en otros países de la UE. Tanto Reino Unido, Alemania y Holanda, los primeros en asumir la norma europea, como otros que lo hicieron más tarde, como Francia, Bélgica, Italia o Portugal, la han aplicado de forma eficaz. En Portugal se habrían emitido unos 365.000 certificados de edificios nuevos y existentes desde octubre de 2007 hasta finales de 2010. En Francia, la regulación es tan estricta que incluso concreta el espacio que debe ocupar la etiqueta energética en los anuncios.
 
Los consumidores son, una vez más, esenciales para que se generalice de forma adecuada. Al concienciarse de las ventajas de esta certificación, y no asumirlo como una obligación burocrática más, pueden exigirlo de forma convencida.
 

 

ANDALUCÍA PREPARA CON LAS RENOVABLES Y LA EFICIENCIA SU ESTRATEGIA ENERGÉTICA 2014-2020

 

El documento seguirá las orientaciones tanto de la legislación autonómica vigente como de la Estrategia Europa 2020 que, entre otros objetivos, se propone alcanzar en ese año el 20 por ciento de energías limpias en el consumo total.
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el inicio de los trámites para la elaboración de la Estrategia Energética de Andalucía 2014-2020, que establecerá las bases de la política de la Junta en ahorro y eficiencia, fomento de las renovables y desarrollo de infraestructuras.
 
   El documento seguirá las orientaciones tanto de la legislación autonómica vigente como de la Estrategia Europa 2020 que, entre otros objetivos, se propone alcanzar en ese año el 20 por ciento de energías limpias en el consumo total, reducir las emisiones de efecto invernadero en un 20 por ciento respecto a 1990 y disminuir en ese mismo porcentaje el consumo de energía primaria de la Unión Europea.
 
   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, quien ha criticado las normativas del Gobierno central para desarmar el sector energético español, ha expuesto que la nueva estrategia centrará sus prioridades en fomentar el uso de recursos autóctonos sostenibles; mejorar la eficiencia en la administración autonómica; incorporar criterios de gestión dirigidos al ahorro; mantener el liderazgo andaluz en tecnologías solares, eólicas y de biomasa; situar al sector de las renovables como motor de la economía andaluza; garantizar la calidad del suministro, e impulsar la transición de las infraestructuras hacia un modelo energético inteligente e integrado en el paisaje.
 
   Junto con las medidas para alcanzar estos objetivos, el documento incluirá también un análisis de las principales variables que definen actualmente el sistema energético andaluz, desde el estado de la oferta y la demanda a las infraestructuras, el impacto económico y el desarrollo tecnológico.
 
   En la elaboración de la estrategia participarán la Secretaría General de Innovación, Industria y Energía; la Dirección General de Industria, Energía y Minas; la Agencia Andaluza de la Energía, y diversos centros directivos del resto de consejerías de la Junta.
 
   El proceso de redacción también incluirá mesas de trabajo consultivas integradas por entidades locales, empresas, colectivos de ciudadanos, entidades de investigación, expertos, asociaciones ecologistas y sindicatos. El texto será consensuado con los agentes económicos y sociales, la Administración General del Estado, las diputaciones provinciales y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
 
   La estrategia que ahora inicia su tramitación consolidará y ampliará el trabajo desarrollado desde 2008 a través del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (Pasener). A falta de casi un año para su finalización en diciembre de este año, este plan ha alcanzado ya la práctica totalidad de sus objetivos, especialmente en lo referido a eficiencia y a energías renovables.
 
   En el primero de estos aspectos, durante los últimos cinco años Andalucía ha reducido su intensidad energética primaria. Es decir, para generar la misma riqueza la región emplea un 4 por ciento menos de energía, lo que indica un gran avance en eficiencia y en mejora de las competitividad de las empresas.
 
LIDERAZGO EN RENOVABLES
 
   Respecto a las renovables, el 38 por ciento de toda la potencia eléctrica proviene actualmente de fuentes limpias como el sol, el viento y la biomasa, que también suponen el 33,5 por ciento de la electricidad que consumen los andaluces (6,6 por ciento en 2006). En relación con el consumo de energía primaria, su aportación representa el 15,8 por ciento (4,6 puntos por encima de la media española). Con ello se ha contribuido a reducir en un 42 por ciento las emisiones de dióxido de carbono por cada unidad de generación eléctrica producida en los once primeros años de esta década.
 
   Por tipos de tecnologías, Andalucía ha superado los objetivos planteados por el Pasener para 2013 en termosolar (947,50 MW frente a los 800 previstos); solar fotovoltaica (840,83 MW frente a 400 MW); biogás térmico (que duplica las tres kilotoneladas equivalentes de petróleo -Ktep- fijada inicialmente); biomasa (256,98 MW frente a 256 MW) y biogás para generación eléctrica (26,27 MW para una meta de 20,10 MW). De la misma forma, se ha conseguido el 99% el objetivo planteado para la energía hidroeléctrica (617,28 MW) y el 93% para la biomasa térmica (con 601,16 MW).
 
   Estos datos sitúan a la comunidad autónoma a la cabeza de España en las energías solar térmica de baja temperatura, termosolar y biomasa, así como en capacidad de producción de biocarburantes. Andalucía también destaca en fotovoltaica (segundo puesto) y eólica (cuarto).
 

¿SERÁ A MEDIADOS DE MARZO LA APROBACIÓN DE LA ETIQUETA ENERGÉTICA?

 

Actualmente el Proyecto de Real Decreto de Certificación Energética de Edificios se encuentra en el Consejo de Estado, con el expediente número 95/2013, a la espera de que este Organismo emita un Díctamen y pase al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y publicación en el Boletín Oficial del Estado, mientras tanto el Certificado Energético será voluntario.
 
Ayer, en la jornada técnica sobre la nueva Directiva de Eficiencia Energética, la portavoz Dª Luz Evelia Pérez Galán del Ministerio de Industria, indicó a los asistentes, que el Díctamen del Consejo de Estado podría producirse a mediados de Marzo para pasar al Consejo de Ministros (o bien en el Consejo de Ministros del 7 de marzo o el del 14 marzo).
 
En ese Proyecto de RD se establece como fecha de entrada en vigor el 1 de junio de 2.013.
 
Esperemos, que está vez, si cumplan los plazos.
 
Desde Certific, seguiremos informando sobre toda la actualidad en materia de Eficiencia y Certificación Energética de Edificios.
 
 
 
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EL 80% DE LOS EDIFICIOS DE PISOS NO SON REHABILITADOS PORQUE LAS AYUDAS SON INSUFICIENTES

 

DENUNCIA | Administradores de Fincas de Madrid

Confían en que el problema se corrija en el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016
 
Critican que las condiciones de las líneas de ayuda son ‘poco preferentes’
 
Abogan por transformar las subvenciones en un fondo de liquidez a bajo interés
 
 
El 80% de los edificios de viviendas no acometen obras de rehabilitación porque las ayudas públicas no son suficientes, según el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Este organismo confía en que este problema se corrija en el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana 2013-2016, que prepara el Ministerio de Fomento.
 
Según recuerdan los administradores, las comunidades de propietarios tienen que realizar obras para cumplir con su obligación de mantenimiento y adaptación a las nuevas normativas, para lo que cuentan con recibos extraordinarios y subvencionados a fondo perdido que proporcionan los organismos públicos. Sin embargo, “las cuantías subvencionables no son suficientes” en tanto que las condiciones de las líneas de ayuda son “poco preferentes”.
 
Por ello, el Colegio de Administradores de Fincas madrileño demanda que las cantidades que los organismos públicos dotan, año tras año, en concepto de subvención para la rehabilitación de edificios, se convierta en un fondo de liquidez destinado a las comunidades de propietarios a un tipo de interés bajo -del 1% o el 2%, similar al que se presta a las entidades de crédito- y un plazo de amortización de hasta 10 años.
 
Entiende que este instrumento, que debe estar avalado por un administrador de fincas profesional, significaría transformar las subvenciones en préstamos, con lo que no sería un gasto público a sumar al déficit. “El conjunto de las comunidades de propietarios, y no sólo una parte podrían optar a la financiación, ya que el dinero no se agota, sino que se recupera el principal del préstamo más los intereses y las dotaciones de los años siguientes”, añade el Colegio.
 
Reformar la Ley de Propiedad Horizontal
 
Finalmente, la institución colegial madrileña exige una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para dotar de plena personalidad jurídica a la comunidad de propietarios para todas las operaciones que tengan que ver con su funcionamiento.
 
Según el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, el Real Decreto-ley de Medidas de Apoyo a los Deudores Hipotecarios, aprobado en 2011, que faculta al presidente a formalizar préstamos para acometer obras de rehabilitación, “se ha quedado corto” y debería ampliarse. La institución colegial también se queja de que las entidades bancarias vulneran este Real Decreto-ley y no abren sus líneas de crédito para la rehabilitación de edificios.
 

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